CONTINUAN LAS AMENAZAS SOBRE MI PERSONA

Hoy otra vez recibí una llamada telefónica amenazante, de un tal Grupo Revolucionario Fabricio Ojeda, estos me amenazan a mi familia y a mi persona, diciéndome que estoy siendo vigilado y que desista de las denuncias que realice a la Contraloría General de la FAN y a la Defensoría Militar, atando cabos yo denuncie a la Defensoría militar después de recibir maltratos en la última unidad militar que trabaje, por eso las personas que saben de esta situación son en particular el Comandante de esta unidad y algunos de sus oficiales quienes son partidarios incondicionales y facinerosos del proceso revolucionario del Presidente Chávez y tienen contactos con estos grupos del gobierno del presidente Chávez.

Volví a realizar la denuncia por temor a mi vida y la de mi familia, se cómo se comportan estos malandros y dejo constancia de esta situación en denuncias realizadas tanto a la Fiscalía Superior del estado Lara y al CICPC como entes de seguridad del estado Venezolano, espero una respuesta pero en realidad dudo de su eficiencia y de su imparcialidad. Aquí está el escrito que realice a ambos entes de seguridad pública:

Cabudare, 23 de Julio del 2009

Ciudadano (a):

FISCAL SPERIOR DEL ESTADO LARA

SU DESPACHO.-

Me dirijo a ustedes en la oportunidad de reiterar formalmente la siguiente denuncia, motivado a que no he recibido ningún tipo de respuesta de su dependencia y estoy siendo amenazado nuevamente por alguna razón de índole político.

Por segunda vez recibo una llamada telefónica amenazante a mi hogar a las 4:35 pm., del presente día , en contra de mi persona y grupo familiar, en la misma me informan que estoy siendo vigilado, tanto mi persona como mi familia, todo esto a raíz de una denuncia que ya como informe en el escrito anterior yo coloque en la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional y la Defensoría Publica Militar, por esa razón hago responsable a un llamado Grupo Revolucionario “Fabricio Ojeda” nombre que me dio el hombre que realizo la llamada y al Tcnel. Manuel Domingo Lozada Sierra, Comandante del 131 Batallón de Infantería “Manuel Piar”, del cual recibí unas amenazas verbales antes de mi trámite de pase a retiro de la Fuerza Armada Nacional.

Vuelvo a dejar constancia de mi presencia en esta dependencia y esperando una pronta respuesta y solicitando algún tipo de protección para mi grupo familiar.

Para su información esta denuncia se realizó también en la Delegación del Estado Lara del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística, sin recibir respuesta.

ALGUN COBARDE ME AMENAZAN TELEFONICAMENTE

ALGUN COBARDE ME AMENAZAN TELEFONICAMENTE

Ayer fui víctima de amenazas por una persona desconocida, la cual realizó  una llamada telefónica a mi hogar a altas horas de la noche, mi preocupación principal es mi grupo familiar y averiguar a través de las autoridades pertinentes sobre esta situación, esto motivado a que el día de hoy realice esta denuncia antes el CICPC y la Fiscalía Superior del Estado Lara, lo más seguro es que esto se trate de una forma de persuadirme a quitar las denuncias que realice contra el Ministro de la Defensa y su Director de Administración, pero al mismo tiempo sepan, que ya como civil que soy o militar en situación de retiro, no me dejare amedrentar por facinerosos políticos que destruyen este país.

No quiero hacer conclusiones al respecto, pero hay personal militar que durante mis últimos meses dentro de las FAN me amedrentaron y me golpearon moral y sicológicamente, y cuidado si en esto no esta metida la famosa Dirección de Inteligencia Militar.

Dejo copia de mi documento de denuncia en este Blog, con la finalidad de que queden pruebas pertinentes al momento de pasarle algo a mi familia o persona, aunque creo que esto es solo una amenaza estúpida pero no hay que dejar pasar estas situaciones.

Cabudare, 13 de Julio del 2009

Ciudadano (a):

FISCAL SPERIOR DEL ESTADO LARA

SU DESPACHO.-

                Me dirijo a ustedes en la oportunidad de realizar formalmente la siguiente denuncia:

                El día 12 de Julio del 2009, aproximadamente a las 11:30 pm, recibí una llamada telefónica en mi casa, por parte de un caballero llamado Fabricio Ojeda, donde el mencionado señor me amenazo verbalmente con tomar represaría en contra de mi persona y mi grupo familiar si yo no retiraba unas denuncias que habría realizado en la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional y en la Defensoría Publica Militar de la Ciudad de Barquisimeto, estado Lara.

                Las denuncias que el mismo nombra, si son ciertas, por esta razón mi preocupación, ya que como esta persona tiene conocimiento que se introdujeron estas denuncias en esos organismos. Nunca había recibido amenaza de este tipo anteriormente, por esta razón decidí hacer formal mi denuncia y esperar que se realice algún tipo de investigación para llegar al fondo de este problema.

                Dejo constancia por escrito, esperando una pronta respuesta, al mismo tiempo dejo mi dirección y teléfonos de ubicación:

POR MI SEGURIDAD Y COMO USTEDES SABEN ESTE BLOG LO HE ESTADO LLEVANDO EN FORMA ANONIMA PARA PROTEGERME.

 

"Tribunales se han convertido en instrumentos de represión"

 "Tribunales se han convertido en instrumentos de represión"

Ir a prisión o ser sometido a un régimen de presentación ante un juzgado es la consecuencia que tiene para 50 venezolanos el haber participado en manifestaciones callejeras durante el año 2009, según lo afirma un estudio divulgado ayer por las organizaciones no gubernamentales Provea y Espacio Público.

La criminalización de la protesta se ha convertido en una política de Estado, aseguró el director de Provea, Marino Alvarado, tras revelar que en los últimos cuatro años ha aumentado el número de procesos judiciales abiertos a manifestantes.

"Solamente monitoreando la pagina web del Ministerio Público encontramos 50 casos de distintas personas: estudiantes, trabajadores, habitantes de barrio, que están siendo sometidas a juicios penales por protestar en el país. Estas personas son sometidas a un régimen de presentación periódica, en donde se le limitan derechos como la posibilidad de participar en otras protestas, se les impide declarar sobre su caso o se le prohíbe movilizarse fuera de su estado", explicó Alvarado en una rueda de prensa.

Las cifras llevan al director de Provea a afirmar que "el MP y los tribunales se han convertido en instrumentos para la represión de la protesta y, hoy en día, manifestar es un riesgo".

Alvarado recordó que el derecho a la manifestación pacífica está garantizado en la Constitución nacional y conminó al Gobierno a proteger a quienes reclaman por una solución a sus problemas en la calle.

Por su parte, el director de Espacio Público, Carlos Correa, señaló que en los primeros cuatro meses de este año -período que evalúa el estudio- 58 manifestaciones fueron reprimidas por los cuerpos de seguridad, lo que significa un incremento de 4 a 8% en el número de protestas dispersas en 2009 en comparación con el año 2008.

Correa destacó que hubo lesionados en 28 manifestaciones, producto del uso que hacen los efectivos policiales de los gases lacrimógenos y las armas de fuego para disolver las actividades.

Para el investigador, el incremento de la represión tiene como causas el aumento de las protestas, la reforma del Código Penal, y el llamado que han hecho altos funcionarios a que se impidan algunas manifestaciones.

Cabe destacar que los investigadores encontraron que la política de criminalización de la protesta no distingue entre estratos sociales o preferencias ideológicas. "Un número importante de los detenidos pertenece a sectores vinculados al Gobierno, así como también de la oposición", aseguró Alvarado.

A juicio de los voceros, el incremento en las movilizaciones es un indicativo de la debilidad de las instituciones del Estado, las cuales no parecen satisfacer las demandas de la sociedad.

Por esta razón sugieren al Gobierno nacional formar a los funcionarios públicos para que canalicen las demandas de la población y entrenar a los cuerpos de seguridad para que den protección a los manifestantes sin que ello implique violar su derecho a protestar. Asimismo, exhortan a los afectados por la represión a presentar sus denuncias ante la Defensoría del Pueblo o las organizaciones defensoras de derechos humanos.