GUERRA POPULAR PROLONGADA (GPP)

El último grito ahora es referirse a la GPP, que según el glosario de términos militares relacionados con la guerra de resistencia, publicado por el Comando de Educación del Ejercito Militar Bolivariano, es la “acción violenta no convencional conducida por un pueblo en armas contra una fuerza superior que invade su territorio, con el fin de desgastar la capacidad combativa y la moral del enemigo para expulsarlo, mantener la integridad del territorio y restablecer la soberanía del Estado.” Continua vendiendo la idea el gobierno de Chávez dentro de la Fuerza Armada Nacional (FAN) ­reitero, asesorado por Cuba- de la amenaza de ser invadidos por los Estados Unidos, su primera hipótesis de conflicto, que nadie “mastica” en la FAN, especialmente cuando no dejamos de venderles petróleo y pragmáticamente la “amenaza del imperio” sólo es útil para aderezar discursos demagógicos de una izquierda trasnochada, que desdice de los avances en la concepción de defensa nacional que se están dando en la región, especialmente en ejércitos que han sido liderados por presidentes de izquierda, como el de Lula y el de la Bachelet.El gobierno adelanta una actualización del Pensamiento Militar Venezolano. Llama la atención que lo haga sin haber aprobado el Concepto Estratégico de la Nación, pero así van las cosas en el enredo que implica atender los lineamentos cubanos en la planificación y toma de decisiones de las políticas públicas del sector de la Defensa Nacional.

La GPP se sustenta en el supuesto conceptual de haber sido invadidos previamente, con lo cual el gobierno de entrada parte de la idea que no seremos capaces de defender la integridad y soberanía nacional. Eso supone un fraude a la perorata que pregona Chávez de “dignidad nacional”, pero también supone la guerra popular de resistencia, además de un fiasco de prospectiva, inconsistente con las ejecutorias del gobierno en otras esferas y con nuestra realidad geopolítica actual; muchos otros aspectos graves, de los cuales comentaremos apenas tres en esta ocasión: 

1) La Constitución obliga a la FAN a “garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar” eso dice su artículo 328. La GPP parte del supuesto teórico de que hemos sido invadidos y por tanto la FAN ha sido incapaz de cumplir su cometido. 

2) La GPP requiere de un pueblo en armas y no de un ejército profesional para su puesta en marcha. Continua de esta forma traicionando compromisos internacionales de Derecho Internacional Humanitario, suscritos por Venezuela desde el s. XX que garantizan el derecho de los civiles a ser respetados como tales, e impedir que sean compulsivamente convertidos en combatientes, de allí situaciones como la del registro militar obligatorio que metieron de contrabando en las andanzas legislativas de la pasada gestión de la Asamblea Nacional.

3) Y por último, muy lamentablemente el Comando Estratégico Nacional continúa incluyendo a las minas antipersonales en los medios de combate de esa GPP. No olvidemos que es la modalidad preferida de la guerrilla colombiana, por ejemplo, que ejecuta precisamente el concepto de GPP en su concepción de despliegue operacional. Venezuela no sólo está impedida de colocar minas antipersonales de acuerdo a la Convención de Otawa, sino que deberían ser penada su utilización, amén de estar en mora con el desminado. El gobierno de Chávez ha contado con 5 años de prórroga para el desminado más allá de los 10 otorgados inicialmente y continúa sin cumplir.

Esto de la GPP debe constituir un debate de control democrático, sobre el que tiene derecho la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional.

Rocio San Miguel

rociosm@cantv.net

Chávez puede ser inhabilitado

Chávez puede ser inhabilitado
Antonio Pasquali

Nadie autorizó el primer servidor público ni a invocar como fuente de legitimidad su privado “compromiso y voluntad supremos” ni a construir un socialismo y refundar la nación venezolana

Todos los decretos del dictador llevan ahora de encabezado: “Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y la refundación de la nación venezolana…”. Tan explícito acto de fuerza vuelve írrito y nulo todo lo que Chávez decreta. Nadie autorizó el primer servidor público ni a invocar como fuente de legitimidad su privado “compromiso y voluntad supremos” ni a construir un socialismo y refundar la nación venezolana. La Constitución y el voto de 2007 lo constriñen a permanecer en menos extravagantes cauces democráticos: los artículos 2 y 6 le imponen garantizar libertad, democracia y pluralismo, y el 232 lo hace “responsable de sus actos y del cumplimiento de sus obligaciones”, siendo la primera (artículo 236) la de cumplir y hacer cumplir una Constitución en que no figuran ni construcciones del socialismo ni refundaciones de la nación.

Por suerte nuestra, la carta magna nació blindada contra aventureros del poder; ella “no perderá su vigencia (artículo 333) si dejare de observarse por acto de fuerza” y “el pueblo de Venezuela (artículo 350) (…) desconocerá cualquier régimen (…) que contraríe los valores, principios y garantías democráticos”, en cuya eventualidad “todo ciudadano (artículo 333) (…) tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. Esta nota periodística apunta a dicho deber, e invita a quienes aún preguntan “con qué se come el artículo 350″ a que recapaciten y se acojan a su imperativo.

En su última fase, los anteriores gobiernos confiscaron la Constitución en beneficio de camarillas y malagradecidos aliados mediáticos; pero el chavismo lo hizo peor, a semejanza de aquellos aberrados sexuales que encierran a la hija en un sótano y bajan a violarla. Así actuó Chávez con la Constitución, la engendró para violarla de manera serial, conforme a su estrategia del golpe permanente, ahora con paroxismo destinado a “legitimar” su dictadura perenne mediante: a) la figura anticonstitucional de la “comunidad” para una ingobernabilidad controlada; b) otra escalada al control de los grandes mecanismos sociales de producción y comunicación del saber (universidades, radiotelevisión y comunicación electrónica) para asegurarse clones ideológicos; c) más avances hacia una economía planificada y estatizada; d) la grotesca imposición a los asambleístas de un “prohibido cambiar de opinión”; e) el impedimento para las ONG sociales de recibir ayuda externa (mientras Chávez envía millones a sus agitadores internacionales); f) un “no man’s land” alrededor de los neodiputados opositores, y g) una cuarta Ley Habilitante. Chávez se salió con su estafa política: le impuso al país una Constitución que no existe, lo que le hace inhabilitable.

Si a eso sumamos su destrucción moral y material de Venezuela (país más violento y con la mayor inflación del mundo, dos devaluaciones en dos años de PIB negativo, dádivas pagadas con desasistencia a venezolanos en necesidad, financiamiento de potencia invasora) sobran razones y hechos para desconocer un régimen que “contraría los valores, principios y garantías democráticos”, y un presidente incompetente y “sobreseído” que jamás concedió a ningún opositor amnistía, indulto o sobreseimiento.

¿Cómo lograr un “impedimento” a que Chávez siga en el poder? El camino judicial que condujo al impeachment de CAP es hoy inviable porque aquél era un demócrata y éste un dictador, aquella una democracia de poderes autónomos y éste un absolutismo. Queda la vía del mahatma Gandhi, de la desobediencia civil, del artículo 350.

La socióloga Evangelina García Prince publica en estos días un muy inspirador documento en la materia que todos debieran leer: http:// www.codigovenezuela.com/ sistema/wp-content/ uploads/2010/12/Ciudadanía-Efectiva-y-Desobediencia-Civil-2010-1.pdf.

La hora de pasar a la acción por desobediencia civil, por el artículo 350, ha llegado; si es menester, pasando por encima de la Mesa de la Unidad, que sólo atina a convocar cacerolazos.