"Tribunales se han convertido en instrumentos de represión"

 "Tribunales se han convertido en instrumentos de represión"

Ir a prisión o ser sometido a un régimen de presentación ante un juzgado es la consecuencia que tiene para 50 venezolanos el haber participado en manifestaciones callejeras durante el año 2009, según lo afirma un estudio divulgado ayer por las organizaciones no gubernamentales Provea y Espacio Público.

La criminalización de la protesta se ha convertido en una política de Estado, aseguró el director de Provea, Marino Alvarado, tras revelar que en los últimos cuatro años ha aumentado el número de procesos judiciales abiertos a manifestantes.

"Solamente monitoreando la pagina web del Ministerio Público encontramos 50 casos de distintas personas: estudiantes, trabajadores, habitantes de barrio, que están siendo sometidas a juicios penales por protestar en el país. Estas personas son sometidas a un régimen de presentación periódica, en donde se le limitan derechos como la posibilidad de participar en otras protestas, se les impide declarar sobre su caso o se le prohíbe movilizarse fuera de su estado", explicó Alvarado en una rueda de prensa.

Las cifras llevan al director de Provea a afirmar que "el MP y los tribunales se han convertido en instrumentos para la represión de la protesta y, hoy en día, manifestar es un riesgo".

Alvarado recordó que el derecho a la manifestación pacífica está garantizado en la Constitución nacional y conminó al Gobierno a proteger a quienes reclaman por una solución a sus problemas en la calle.

Por su parte, el director de Espacio Público, Carlos Correa, señaló que en los primeros cuatro meses de este año -período que evalúa el estudio- 58 manifestaciones fueron reprimidas por los cuerpos de seguridad, lo que significa un incremento de 4 a 8% en el número de protestas dispersas en 2009 en comparación con el año 2008.

Correa destacó que hubo lesionados en 28 manifestaciones, producto del uso que hacen los efectivos policiales de los gases lacrimógenos y las armas de fuego para disolver las actividades.

Para el investigador, el incremento de la represión tiene como causas el aumento de las protestas, la reforma del Código Penal, y el llamado que han hecho altos funcionarios a que se impidan algunas manifestaciones.

Cabe destacar que los investigadores encontraron que la política de criminalización de la protesta no distingue entre estratos sociales o preferencias ideológicas. "Un número importante de los detenidos pertenece a sectores vinculados al Gobierno, así como también de la oposición", aseguró Alvarado.

A juicio de los voceros, el incremento en las movilizaciones es un indicativo de la debilidad de las instituciones del Estado, las cuales no parecen satisfacer las demandas de la sociedad.

Por esta razón sugieren al Gobierno nacional formar a los funcionarios públicos para que canalicen las demandas de la población y entrenar a los cuerpos de seguridad para que den protección a los manifestantes sin que ello implique violar su derecho a protestar. Asimismo, exhortan a los afectados por la represión a presentar sus denuncias ante la Defensoría del Pueblo o las organizaciones defensoras de derechos humanos.