Un sistema bipolar. Esquizofrénico e incomprensible, capaz de hacer lo mejor y con más fecuencia lo peor en un mismo día. El último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, valora a Venezuela como "uno de los países que más ha avanzado en cumplir las metas del milenio de la ONU", en medio de un "clima político represivo" que "atenta contra la democracia y los derechos humanos".
El documento de más de 300 páginas destaca positivamente algunos logros sociales en el país sudamericano, donde la "reducción de la brecha entre los grupos extremos de la distribución ha permitido que registre actualmente el coeficiente de Gini más bajo de América Latina".
También aplaude las últimas cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que incluyen por primera vez a Venezuela dentro del grupo de países con desarrollo humano alto en 2009.
"La CIDH observa que a través de las 'misiones' (implementadas con la ayuda de Cuba) se ha conseguido mejorar la situación de pobreza y el acceso a educación y salud de sectores de la población tradicionalmente excluidos en Venezuela", pero critica su "carácter asistencial", según el informe.
Lo malo y lo feo
Aquí terminan las buenas palabras. Si la CIDH reconoce por un lado, algunas mejoras en salud y educación, por otro dibuja un sistema político sin separación de poderes, que irrespeta el pleno ejercicio de los derechos y utiliza el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas por su tendencia política.
El mayor número de palos se los lleva el sistema judicial, "uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana". El informe critica que el 100% de los nuevos jueces en 2008 fueron escogidos sin concurso público; designados a dedo por los presidentes o vicepresidentes de cada sala del Tribunal Supremo.
También destaca que un número creciente de magistrados comentan públicamente y sin tapujos su filiación al Gobierno de Chávez.
El informe lamenta que el Ejecutivo venezolano utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta pacífica y perseguir penalmente a los disidentes.
La CIDH reprocha además la "impunidad" que envuelven los casos de violencia política en el país, y afecta con especial dureza a sindicalistas, manifestantes, presos, campesinos, pueblos indígenas, mujeres y periodistas.
El documento de la OEA, que tuvo que escribirse desde Washington ante la negativa del Gobierno venezolano de autorizar la visita, identifica distintos mecanismos mediante los cuales el Gobierno de Hugo Chávez hostiga a sus adversarios políticos; como la inhabilitación política de 260 candidatos antes de las elecciones regionales de 2008, o la modificación de competencias y la reducción de presupuestos a los gobernadores y alcaldes de oposición.
Es el segundo informe que la CIDH dedica a Venezuela en los últimos 10 años. El primero fue publicado en 2003, después del golpe de estado que intentó apartar a Chávez del poder.
"La Comisión resalta que en aras de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela no puede sacrificarse la vigencia de otros derechos fundamentales. Los derechos humanos constituyen un todo indisoluble”, apuntó la institución.
El Mundo de España
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