QUIENES SON LOS VERDADEROS GOLPISTAS (PARTE 2)
En marzo de 1993 la Corte Suprema de Justicia decidió la nulidad del decreto mediante el cual se instaló el Consejo de Guerra Extraordinario, y por lo tanto quedaron invalidados los juicios efectuados por el mismo, así como las condenas decididas. Al igual que lo sucedido con los involucrados en el intento del 4 de febrero, las causas de unos fueron sobreseídas y los oficiales de mayor rango fueron indultados por el presidente Rafael Caldera, a cambio de solicitar su retiro de las Fuerzas Armadas
Sancionados
El mismo día del alzamiento, el Presidente, reunido en Consejo de Ministros, decretó la suspensión de las garantías constitucionales. Al día siguiente el Gobierno emitió el decreto Nº 2.669, según el cual se ordenó aplicar un procedimiento extraordinario para enjuiciar a los golpistas civiles y militares, previsto en el título 8° del libro 1° del Código de Justicia Militar, para lo cual se instaló un Consejo de Guerra Extraordinario. En marzo de 1993 la Corte Suprema de Justicia decidió la nulidad del decreto mediante el cual se instaló el Consejo de Guerra Extraordinario, y por lo tanto quedaron invalidados los juicios efectuados por el mismo, así como las condenas decididas. Al igual que lo sucedido con los involucrados en el intento del 4 de febrero, las causas de unos fueron sobreseídas y los oficiales de mayor rango fueron indultados por el presidente Rafael Caldera, a cambio de solicitar su retiro de las Fuerzas Armadas. Bajo estas condiciones retornaron al país los últimos exiliados que aún permanecían fuera.
El mismo día del alzamiento, el Presidente, reunido en Consejo de Ministros, decretó la suspensión de las garantías constitucionales. Al día siguiente el Gobierno emitió el decreto Nº 2.669, según el cual se ordenó aplicar un procedimiento extraordinario para enjuiciar a los golpistas civiles y militares, previsto en el título 8° del libro 1° del Código de Justicia Militar, para lo cual se instaló un Consejo de Guerra Extraordinario. En marzo de 1993 la Corte Suprema de Justicia decidió la nulidad del decreto mediante el cual se instaló el Consejo de Guerra Extraordinario, y por lo tanto quedaron invalidados los juicios efectuados por el mismo, así como las condenas decididas. Al igual que lo sucedido con los involucrados en el intento del 4 de febrero, las causas de unos fueron sobreseídas y los oficiales de mayor rango fueron indultados por el presidente Rafael Caldera, a cambio de solicitar su retiro de las Fuerzas Armadas. Bajo estas condiciones retornaron al país los últimos exiliados que aún permanecían fuera.
Acciones de guerra
Las principales acciones de las fuerzas insurgentes ocurrieron en la base aérea Libertador, comandadas por el general Francisco Visconti, y en la base Sucre, al mando del coronel de la aviación Jorge Garrido Martínez. Desde aproximadamente las 5:00 am, unidades aéreas comenzaron a despegar hacia distintos destinos del país. Cuatro aviones Bronco, tres Mirages, dos T2D y varios Tucanes T-27 bombardearon la base Francisco de Miranda en La Carlota, el Palacio de Miraflores y El Helicoide. En el estado Lara bombardearon las instalaciones militares de la base aérea Vicente Landaeta Gil de la capital, causando destrozos en la pista de aviación civil y las instalaciones de seguridad. Las fuerzas leales repelieron los ataques, y haciendo uso de baterías antiaéreas derribaron dos aviones Bronco, cayendo uno en Barquisimeto y otro en Yaritagua. Adicionalmente, dos aviones Bronco fueron derribados, uno en la base Francisco de Miranda en La Carlota y otro en la base aérea Libertador de Palo Negro (Maracay). Los enfrentamientos en las bases Libertador y Sucre ocurrieron cuando unidades blindadas de las fuerzas leales intentaron retomar las bases, y los aviones rebeldes fueron derribados o averiados por baterías antiaéreas y disparos de aviones F-16. Las persecuciones aéreas de los F-16 leales y los ataques de unidades blindadas provenientes de Valencia y San Juan de los Morros, obligaron a los rebeldes a deponer sus armas. Finalmente, a las 3 p.m. un grupo de 93 insurrectos (41 oficiales, 37 soldados y 15 cadetes) al mando del general Visconti, salió de la base Libertador en un avión Hércules C-130 y huyó a Perú, aterrizando en la ciudad de Iquitos. Las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela estaban interrumpidas a raíz del golpe de Estado que diera el 5 de abril de ese mismo año Alberto Fujimori. Los golpistas solicitaron asilo territorial al gobierno peruano, argumentando que sus vidas corrían peligro. El ministro de Relaciones Exteriores, general Fernando Ochoa Antich, demandó ante las autoridades diplomáticas peruanas la devolución del avión Hércules C-130, de las armas y el retorno de los insurrectos. El gobierno peruano resolvió conceder el asilo solicitado; no obstante, una porción de los exiliados resolvió regresar y el avión Hércules C-130 y las armas le fueron devueltos a Venezuela.4 de febrero
Las principales acciones de las fuerzas insurgentes ocurrieron en la base aérea Libertador, comandadas por el general Francisco Visconti, y en la base Sucre, al mando del coronel de la aviación Jorge Garrido Martínez. Desde aproximadamente las 5:00 am, unidades aéreas comenzaron a despegar hacia distintos destinos del país. Cuatro aviones Bronco, tres Mirages, dos T2D y varios Tucanes T-27 bombardearon la base Francisco de Miranda en La Carlota, el Palacio de Miraflores y El Helicoide. En el estado Lara bombardearon las instalaciones militares de la base aérea Vicente Landaeta Gil de la capital, causando destrozos en la pista de aviación civil y las instalaciones de seguridad. Las fuerzas leales repelieron los ataques, y haciendo uso de baterías antiaéreas derribaron dos aviones Bronco, cayendo uno en Barquisimeto y otro en Yaritagua. Adicionalmente, dos aviones Bronco fueron derribados, uno en la base Francisco de Miranda en La Carlota y otro en la base aérea Libertador de Palo Negro (Maracay). Los enfrentamientos en las bases Libertador y Sucre ocurrieron cuando unidades blindadas de las fuerzas leales intentaron retomar las bases, y los aviones rebeldes fueron derribados o averiados por baterías antiaéreas y disparos de aviones F-16. Las persecuciones aéreas de los F-16 leales y los ataques de unidades blindadas provenientes de Valencia y San Juan de los Morros, obligaron a los rebeldes a deponer sus armas. Finalmente, a las 3 p.m. un grupo de 93 insurrectos (41 oficiales, 37 soldados y 15 cadetes) al mando del general Visconti, salió de la base Libertador en un avión Hércules C-130 y huyó a Perú, aterrizando en la ciudad de Iquitos. Las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela estaban interrumpidas a raíz del golpe de Estado que diera el 5 de abril de ese mismo año Alberto Fujimori. Los golpistas solicitaron asilo territorial al gobierno peruano, argumentando que sus vidas corrían peligro. El ministro de Relaciones Exteriores, general Fernando Ochoa Antich, demandó ante las autoridades diplomáticas peruanas la devolución del avión Hércules C-130, de las armas y el retorno de los insurrectos. El gobierno peruano resolvió conceder el asilo solicitado; no obstante, una porción de los exiliados resolvió regresar y el avión Hércules C-130 y las armas le fueron devueltos a Venezuela.4 de febrero
Así fue el otro golpe
El 4 de febrero de 1992, un grupo de militares liderado por el teniente coronel (Ej) Hugo Rafael Chávez Frías y pertenecientes, en su mayoría, a la promoción Simón Bolívar, egresada en 1975, comandaron un intento de golpe de Estado que se rindió tras 12 horas de enfrentamientos.
El 4 de febrero de 1992, un grupo de militares liderado por el teniente coronel (Ej) Hugo Rafael Chávez Frías y pertenecientes, en su mayoría, a la promoción Simón Bolívar, egresada en 1975, comandaron un intento de golpe de Estado que se rindió tras 12 horas de enfrentamientos.
Según cifras aportadas por el Ministerio de Relaciones Interiores del gobierno de la época, hubo más de 50 muertos (17 de ellos soldados), más de 50 heridos, 1.089 militares detenidos y cuantiosas pérdidas materiales.
En el golpe estuvieron involucradas las guarniciones militares de los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Zulia y el desaparecido Distrito Federal, en una acción llamada “Operación Zamora”.
Fuentes: TSJ, Vive TV, Fundación Polar.
Quince años después del golpe de Estado de 1992 las críticas en contra el Ejecutivo nacional son las mismas
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